El proceso de formación de un abogado, como el de cualquier profesional, es un proceso educativo y formativo, y su comportamiento en la vida social y profesional, como jueces, litigantes o académicos, habrá sido, sin dudas, adquirido en la facultad durante sus años de formación.
Formación, en la que, salvo pocas excepciones, ha predominado el modelo informativo y la transmisión de normas para ser reproducidas y mantenidas por otras generaciones, en general por medio de la clase magistral. Modelo de enseñanza que privilegia el discurso de los profesores y que provoca pasividad en los estudiantes. Además de que induce a la memorización de datos por encima de una labor analítica de la información, e inhibe la actitud crítica de los estudiantes frente a las afirmaciones que formulan los docentes.[1]
Al privilegiarse esta técnica, por lo general se incurre en el abuso del traspaso informativo y en la falta de mediación por parte del maestro, lo que convierte al alumno en un mero espectador. Pero, además, al momento de llevar a la práctica la teoría transmitida, el egresado deberá aprender por sí mismo como hacerlo a partir de los inicios de su vida como abogado.
Además, en esta enseñanza tradicional del derecho aplican generalmente dos formas de evaluación de conocimientos. Las pruebas escritas y orales, sin distinguir grados de dificultad entre los distintos niveles de la carrera y que no constatan de manera segura el aprendizaje o la adquisición de competencias profesionales. Mucho menos el nivel de construir, reflexionar, implementar o aplicar conocimientos.
Asimismo, se suma el abuso de la libertad de cátedra ejercida por profesores bastos en currículum investigativo o profesional, pero carentes de destrezas pedagógicas y desinteresados en perfeccionarse como docentes de manera efectiva. En la práctica, el hábito pesa más que las intenciones innovadoras.
En consecuencia, el reto actual es intervenir en el cuestionamiento y en el diseño del perfil de egresado, tanto como en la formación de una nueva conciencia jurídica.
La sociología jurídica, como conocimiento y perspectiva, tiene alta potencialidad para ampliar y diversificar el campo jurídico y contribuir a su transformación adaptativa en un mundo que se caracteriza por cambios veloces e inéditos. Estas potencialidades de innovación radican en la capacidad que posee como conocimiento sociológico de auto reflexionar y de promover la reflexión crítica y la práctica consciente, para generar, como lo planteaban los pensadores clásicos de la sociología jurídica, un mayor sentido moral y de justicia en el derecho, y en la sociedad en su conjunto.[2]
En efecto, el derecho se obtiene de más dispositivos que los meros textos legales, por lo que es necesario apelar a otros sistemas de conocimiento para comprender el fenómeno jurídico en su totalidad, como la sociología.
Integrar la sociología en el estudio del derecho es una manera poderosa de entender cómo las leyes afectan y son afectadas por la sociedad. La sociología ayuda a entender el contexto social en el que se aplican las leyes. Evaluar el impacto social de las leyes para determinar su efectividad y justicia. Entender cómo las leyes pueden ser utilizadas para promover cambios sociales positivos.
El proceso de formación de un abogado en un mundo de constantes cambios no puede limitarse a la enseñanza tradicional. Debe incorporar métodos activos de aprendizaje, habilidades prácticas, formación ética, y un enfoque interdisciplinario y global. Este enfoque holístico prepara a los futuros abogados para ser no solo conocedores del Derecho, sino también profesionales adaptables, críticos y comprometidos con la justicia en un entorno legal dinámico y en evolución.
D.O.