Una institucionalidad respetuosa de la división de poderes y de la libre voluntad de los ciudadanos está lejos de ser posible cuando la dirigencia política de cuyas acciones depende la gestión de las instituciones del Estado está ensimismada en objetivos electoralistas que además están fundados en un sistema asistencialista que lo hace posible y perdurable a pesar de las terribles consecuencias en términos de pobreza de la población.
En un país, parece existir una relación directa entre nivel de desarrollo económico y social, y el tipo o nivel de democracia en cada distrito.
En las provincias con mayor desarrollo productivo se crea un ambiente de mayor independencia respecto del Estado, lo que favorece una democracia republicana que mantiene una relación armónica con la estrategia económica y de atención social llevada adelante.
Por el contrario, en las provincias con menor nivel de desarrollo, y con menor presencia de inversión productiva privada, el Estado suele atender la pobreza con planes de ayuda personales y empleo público, favoreciéndose mayor dependencia del Estado y menor institucionalidad política.
Es así, que el menor desarrollo termina favoreciendo una democracia clientelista, en la que los ciudadanos delegan su voluntad en un líder, que a cambio de asistencialismo y empleo público que ejerce su dominación con discrecionalidad, a la vez que reproduciendo las condiciones de pobreza y subdesarrollo.
A nivel nacional, el problema se agrava o no según cuales de esas provincias se posicionan con mayor fuerza o representatividad, favoreciendo u obstaculizando los planes de modernización económica y política que se puedan intentar llevar a cabo para, no solo mejorar la vida democrática, sino aumentar los estándares de bienestar económico y de igualdad de oportunidades de la población
En la Argentina los niveles de pobreza son tan grandes que atentan con el funcionamiento mismo de la democracia como tal. No ya un nivel de democracia determinado.
En esta Argentina en la que la mitad de la población es pobre y más aún, el 65% de los más jóvenes es pobre, no puede haber dudas de que la pobreza es tremenda y de que, en consecuencia, el sistema democrático está en peligro. Poco puede importar a esos muchos ciudadanos una mayor y mejor institucionalidad del Estado que los condena a la pobreza.
La pobreza extrema implica en sí misma una ruptura del código de convivencia democrático.
Pero, además, el problema en nuestro país radica en que los políticos no parecieran ocuparse en mejorarla.
Tomar decisiones políticas en un marco democrático siempre implica reflexionar en torno a acuerdos de convivencia tomando en consideración las legítimas diferencias que seguramente existen en los deseos de cada uno.
Lamentablemente, nuestra política actual sigue dando muestras de no asumir la responsabilidad fundamental de intentar articular proyectos comunes acogiendo los distintos puntos de vista. Aún en los tiempos de verdadera crisis que estamos viviendo siquiera existe por parte de la dirigencia política una atisbo de proyecto común. Crisis, por otro lado, jamás padecida anteriormente.
Es tan evidente la terrible pobreza de nuestra población como la inoperancia de nuestros dirigentes políticos de por lo menos los últimos 50 años para impedirla.
Es tiempo de cambiar. Es urgente. Comencemos por nosotros, quienes…por ahora… tenemos el derecho de elegir.
Piensa bien y saldrá bien!
D.O.