El derecho a acceder a la mejor educación, como derecho humano que es, debe responder al interés público y no estar al servicio de intereses individuales y corporativos.
En nuestro país, la ley de financiamiento educativo[i] preveía que al año 2010 debía
invertirse un 6 por ciento del PBI en educación y el 30 por ciento de los chicos debía tener jornada extendida.
Hoy en nuestro país, la inversión en educación pasó de representar el 3,77% del PBI en 2003 a 6,47% del PBI en 2011.[ii] Pero sólo el seis por ciento de los alumnos de colegios públicos tiene régimen de jornada extendida. Tendrían que haber 1.050.000 chicos en jornada doble, pero aún no llegan a 200 mil. Sin embargo el problema es mayor, dado que no se logra siquiera el cumplimento efectivo de la jornada mínima.
Es real que Argentina es el país que más invierte en educación en América Latina, en término del porcentaje del PBI que destina al rubro. Sin embargo, lamentablemente es real también que Argentina tiene el peor resultado educativo en relación con su inversión.
Si bien Argentina obtuvo mejores resultados en las últimas evaluaciones internacionales, fue el que menos mejoró en relación al incremento en la inversión. Argentina es el país que ostenta la peor relación entre los fondos que gasta y los resultados en las pruebas internacionales, respecto de otros países como Chile, México, Colombia y Brasil.
Es interesante observar que por ejemplo en Cuba, que están primero en todas las pruebas internacionales de América Latina al nivel de la escuela primaria, el año escolar está compuesto por 200 días a un ritmo de cinco horas por día; y son mil horas en total. Mientras que en Argentina son 180 días de cuatro horas cada uno. Es decir, 720 horas, pero que ni siquiera se cumplen. No es que los cubanos sean unos genios, sino que el Estado procura no solo invertir adecuadamente, sino también en cumplir las horas de enseñanza necesarias.
Por otro lado, si se evalúa el grado de igualdad en el acceso al saber. En este punto, los datos tampoco son alentadores. El incremento presupuestario en Argentina no ayudó a disminuir la desigualdad en el acceso a la educación. Yun factor que explica parte importante de la desigualdad es la brecha cada vez mayor entre el nivel de las escuelas privadas y el de las públicas. Mientras las primeras tienen doble escolaridad, garantizando más horas de formación a los alumnos.
Creo que en nuestro país, el marco legal que comprende la decisión política de invertir adecuadamente en educación debiera complementarse con la concepción de la educación como servicio público y vital.
Elaborando un marco legal (de nivel Constitucional) que fortalezca la protección de niños y adolescentes al garantizarles su derecho a recibir el servicio educativo de manera continua, sin interrupciones de carácter político, partidista, gremial o de cualquier otra índole. Que dejando lugar a la libre manifestación de reclamos por vías adecuadas, no permita tanto a los estudiantes, como a los docentes y a los directivos de los establecimientos educativos, promover o provocar la paralización del servicio educativo. Y que asimismo proteja los recursos destinados al sector educativo; prescribiendo que estos fondos nunca podrán ser utilizados para otro propósito.
De esta manera, podríamos soñar con que los paros de actividades con la consiguiente pérdida de clases, empobrecimiento de la calidad de la educación pública y violación del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes sean cosa del pasado.
D.O.
Fuente: Argentina tiene el peor resultado educativo en relación con su inversión. Por: Darío Mizrahi dmizrahi@infobae.com